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Una mirada periodística universalista

La existencia de la SGAE no sólo es contraria a Derecho sino indecente

La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) una multa de 1.766.744 euros al considerar acreditado que ha abusado de su posición dominante en el mercado de la autorización de la comunicación pública de obras musicales en bailes celebrados con motivo de bodas, bautizos y comuniones o en los que el acceso de los asistentes se realice a través de invitación personal.

La decisión de la comisión sobreviene después de la anterior sacudida judicial a la SGAE relativa a la presunta apropiación de fondos de la entidad por parte de algunos de sus dirigentes. Pero todo ello no debiera hacer olvidar el quid de la cuestión. El problema no es (solo) el abuso de posición dominante o si en esa entidad alguien ha robado, el asunto realmente pertinente es la misma existencia de tal asociación. Ello no tiene que ver con el legítimo derecho de los creadores a cobrar por su trabajo sino con cuestiones fundamentales relativas a la institución de la democracia representativa.

Llevo años preguntándome cosas a las que no encuentro respuesta racional, ni siquiera legal:

¿Cómo es posible que una sociedad privada se arrogue el derecho a efectuar exacciones a particulares que, en el caso del resto de actividades, corresponde exclusivamente al Estado (sea éste el Gobierno federal, las administraciones de las nacionalidades y regiones, o las administraciones locales y provinciales)?

Los colegios profesionales, que son entidades de derecho público, tienen la facultad de decidir quién está facultado para el ejercicio de una profesión (no en todos los casos). Cuando España incorpore la legislación europea al respecto, ciertas afiliaciones obligatorias a colegios desaparecerán. En tales condiciones, ¿cómo podrá justificarse la existencia de semejante exclusividad aislada de ese contexto?

Otra pregunta:

¿Cómo es posible que esa suplantación del poder público a cargo de una entidad privada se ejerza en régimen de cuasi monopolio? Y más cuando el fruto de las exacciones económicas no revierte en el erario sino que se reparte entre los miembros de la sociedad.

Otra más:

¿Cómo se permite que tales exacciones forzosas se efectúen sin que exista vía administrativa alguna que permita el recurso? ¿Por qué no existe, al menos en apariencia, una vía contenciosa que permita actuar en contra apelando a la autoridad pública?

Las respuestas a estas preguntas, y a muchas otras que se derivan de ellas, tienen mal acomodo en lo que consideramos legalidad democrática en las democracias abiertas, por más que pueda aducirse la existencia de textos que serán legales pero no legítimos bajo tal perspectiva.

El motivo es que la SGAE es una entidad que halló su pleno encaje institucional bajo el estado franquista, que más que totalitario fue corporativo. La dictadura franquista “delegó” ciertas funciones sociales en entidades bien articuladas en el entramado del Estado español. Por ejemplo: la prestación del Servicio Social a cargo de las mujeres jóvenes, controlado por la Sección Femenina de la Falange (SF de la FET y de las JONS) sin cuyo cumplimiento una mujer no podía obtener el pasaporte o el carnet de conducir. O la gestión de los movimientos juveniles de educación en el tiempo libre, adjudicados en exclusiva al Frente de Juventudes falangista, que promovió más tarde la Organización Juvenil Española (OJE). Tal concesión significó la imposibilidad de reconocimiento oficial o legal de los boy scouts. En contrapartida, la oficina mundial scout negó siempre la incorporación a sus filas de la OJE, repetidas veces solicitada por los jóvenes falangistas (Hay que aclarar que la OJE es hoy una asociación juvenil desvinculada de toda organicidad política, totalmente honorable y de orientación dignamente patriótica).

El Frente de Juventudes gozaba asimismo del privilegio de impartir formación paramilitar, y la pertenencia ofrecía ventajas durante la prestación del servicio militar.  Hay que recordar que Falange y Frente de Juventudes no sólo realizaron funciones parapoliciales para la represión de la ciudadanía civil en los años 40 y en los primeros 50;en plena década de los 60, por ejemplo, el Frente de Juventudes podía actuar como una policía paralela en ambientes juveniles, entre otros. Yo mismo fui detenido en 1964 por un comando juvenil falangista con el apoyo de la Guardia de Franco.

El sindicato único gozaba también de potestades no sólo de encuadramiento sino de gestión de funciones públicas. Por citar sólo algunas, la gestión de residencias vacacionales para trabajadores o la concesión de permisos para que los artistas de variedades actuasen en público. Para que un artista de música ligera o grupo actuase legalmente en un escenario o sala de fiestas, era necesario que poseyese el carnet de afiliado al sindicato del espectáculo y que, al final de la actuación, firmase la hoja de declaración obligatoria a la SGAE de los temas interpretados, registrando en ella el número del carnet sindical obligatorio. Los inspectores de la SGAE que recogían la declaración solían ser personas adictas al régimen en general, que con ello se beneficiaban de un sueldo extra, generalmente veteranos de guerra en el ejército vencedor, falangistas o ex miembros de la División Azul; a menudo confidentes de la policía o colaboradores de los alcaldes de barrio en el control personal de los ciudadanos.

Llegamos así a recordar el verdadero origen de la legalidad en que se basa la actual existencia ademocrática de la SGAE: el estado corporativo franquista que importó a España semejantes prácticas de la Alemania nazi y la Italia fascista. No es como para enorgullecerse, pues, de las presentes obligatoriedades declaratorias y recaudatorias.

Hace tiempo, en un demoledor artículo publicado en La Vangurdia y titulado Sin decencia, el gran sociólogo Manuel Castells ponía de relieve la ilegitimidad de los procedimientos de la SGAE, a los que calificaba de iniquidades, y concluía así:

“Y, por tanto, se plantea el construir un régimen de propiedad intelectual adaptado a la cultura digital y regulado por una administración pública liberada de lobbies sin decencia”.

(Imagen: carnet de miembro del sindicato del espectáculo, con los colores falangistas, de afiliación obligatoria en el estado dictatorial).

Archivado en: Ciudadanía,

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Sóc un periodista senior en exercici des de 1967, amb experiència en premsa, ràdio, televisió i internet. Actualment serveixo com a professor a la Càtedra Internacional UNESCO d'Educació en Informació i Mitjans i Diversitat Cultural, com a Secretar Internacional per al Diàleg Intercultural, i al Gabinet de Comunicació i Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona,, en el qual sóc investigador i docent. Formo part de l'Institut de Psicologia Transpersonal de Barcelona, en el qual sóc co-director de la formació en psicologia transpersonal que s'hi imparteix, i posseeixo la certificació europea en la matèria, concedida per l'European Transpersonal Association.
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